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Escrito por Álvaro Iván Amézquita
Recientemente entró en vigencia el nuevo Código de Policía que busca favorecer la convivencia ciudadana. Pero desde antes que se lanzara oficialmente recibió una andanada de críticas por parte de diferentes organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, de juristas como Sebastián Lalinde y César Rodríguez Garavito que han alertado de los peligros en materia de derechos fundamentales que podría desencadenar la puesta en marcha de ese código.
Con el ánimo de ampliar la mirada sobre el sentido del código de policía no queremos concentrarnos, como se ha hecho, en la detección de problemas e inconsistencias que pueda tener a la luz de la Constitución Política. Nos interesa ahondar en el sentido de las leyes y las sanciones en las actuales condiciones del país.
El objetivo central de las leyes penales o jurídicas es contribuir a la convivencia humana, constituyen un sistema de regulación del comportamiento, al igual que la cultura y la moral. Aquel se diferencia de los otros dos sistemas en que las leyes están explícitamente escritas y en el tipo de sanción para aquellos que las infrinjan. No es la culpa (como ocurre en la regulación moral) ni la vergüenza o la exclusión social (como ocurre en la sanción social) el precio que se paga por desconocerlas o transgredirlas, sino la cárcel o una multa, como ocurre con el nuevo Código de Policía. De aquí se desprende la siguiente pregunta: ¿cuál de los tres mecanismos o sistemas de regulación resulta más efectivo a la hora de orientar los comportamientos que deterioran la convivencia humana?.
En principio diríamos que lo deseable es que las personas se autorregulen solas, sin que los demás las presionen a hacerlo, pero esto no siempre es así. Para un buen número de ciudadanos resulta más efectiva la regulación legal que la regulación social o moral. Hay un adagio popular que se aplica muy bien en estos casos: “la letra con sangre entra”, esto es, aprenden a los golpes, a punta de sanciones.
Una sociedad madura es aquella en la que sus miembros tienen la capacidad de autorregularse. De acuerdo con la teoría del desarrollo moral del psicólogo estadounidense Lawrence Kohlberg esa madurez se expresa mediante un mandato interno (conciencia moral) más que por una presión externa (social, legal). Así las cosas, cuando se siguen las leyes por temor más que por convicción personal, se da una obediencia ciega o acrítica porque no brota de la interioridad del sujeto. Quizás esto es lo que nos está pasando en Colombia. No hemos logrado interiorizar adecuadamente las leyes por una ausencia de pedagogía, algo que pareciera no importarle a las facultades de derecho del país. Y por si fuera poco, se nos ha hecho creer que los problemas se solucionan con la creación de más leyes. Lo cierto es que una sociedad cuanto más leyes tenga, más incivilizada o des-civilizada es.
Hay conductas que deberíamos evitar por simple sentido común y que encontramos penalizadas en el nuevo Código de Policía como colarse en las filas, realizar necesidades fisiológicas en lugares públicos o agredir físicamente a una persona. Pareciera que necesitamos de la fuerza pública, que actúe, que nos muestre sus “dientes” para detener estos comportamientos que afectan a la comunidad. En este sentido, la promulgación del nuevo Código de Policía pone en evidencia el fracaso de la sociedad colombiana en la conquista de la autorregulación del comportamiento. Seguimos siendo una sociedad primitiva, des-civilizada.
A propósito, el sociólogo alemán Norbert Elías en su obra “El proceso de la civilización”sostiene que una sociedad civilizada se destaca por la moderación de los comportamientos de los individuos, el control de la agresividad y la diferenciación de la esfera íntima o secreta de la esfera pública. Esto resulta altamente diciente en estos tiempos en los que los límites entre lo privado y lo público tienden a desaparecer, límites que el nuevo Código de Policía intenta preservar. A juicio del sociólogo polaco, recientemente fallecido, Zygmunt Bauman, hoy en día vivimos en una sociedad en la que esos límites no solo se están borrando, sino que “lo privado ha colonizado lo público”.
Ahora bien, esto no quiere decir que la solución esté en suprimir las leyes, ni siquiera en aumentar las sanciones. A través de leyes y códigos difícilmente podemos llegar a ser una sociedad civilizada, a menos que las leyes se conviertan en un deber moral, como lo plantea el jurista y filósofo del derecho Rudolf Laun para quien los mandatos jurídicos, para que sean realmente efectivos, no pueden provenir de una voluntad extraña, sino únicamente de la propia. La solución está en la formación de una sólida cultura ciudadana, como lo intentó hacer Antanas Mockus en su primer mandato de la Alcaldía de Bogotá en los años 90, que movilice y convoque a los ciudadanos a perseguir unas metas comunes. La regulación legal debería ser el último eslabón en el sistema de regulación y no el primero o el único. Bastaría con fortalecer nuestra conciencia moral o la regulación social para orientar los comportamientos de los individuos. Pero mientras eso no ocurra, no tenemos otra alternativa que apelar a la regulación legal y soportar sanciones de las que después podríamos arrepentirnos.